LA INTEGRIDAD CIENTÍFICA (segunda parte).

Aquel verano de 1980 se destapó un enredo por demás intrincado en el que se vieron envueltos tres científicos y cierto número de miembros de la administración, los directores de dos revistas, tres instituciones –las escuelas de medicina de Yale y Columbia, y los Institutos Nacionales de Salud– y las tres formas de fraude de la definición canónica: invención, falsificación y plagio. El caso da mucho que pensar acerca del arbitraje editorial de originales, y también, en menor medida, sobre quienes hacen saltar la alarma y sobre la respuesta brindada por parte de la administración.

Horace Freeland Judson. Anatomía del fraude científico, 2006.

 

 

Incluso sin que todavía se hayan hecho públicos los resultados de la investigación sobre el supuesto fraude cometido por una investigadora muy destacada en el campo de ciertas enfermedades del corazón, algunos medios de comunicación lo han calificado como el “mayor escándalo de la ciencia española”.

Susana González, una bióloga molecular con estudios de posgrado en prestigiosas instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica, trabajaba en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares que dirige al afamado cardiólogo Valentín Fuster. La joven investigadora había desarrollado una brillante carrera científica que en estos momentos se centraba en revertir la insuficiencia cardíaca letal provocada por la cardiomiopatía dilatada, una enfermedad que afecta a una de cada 2,500 personas adultas en el mundo.

Sus trabajos experimentales apuntaban a que en ratones sanos existe una sustancia en su sangre que es capaz de curar el corazón de los ratones que sufren cardiomiopatía dilatada. Al unir la circulación de un roedor sano con la de uno enfermo y en sólo un mes, el corazón gravemente dilatado de este último volvió a la normalidad. Con ello parecía abrirse la puerta al rejuvenecimiento del corazón enfermo de las personas mayores que sufren insuficiencia cardíaca. Ante esta prometedora perspectiva, la Comisión Europea de Investigación le otorgó a Susana González una beca de 1.86 millones de euros para que identificase la molécula curativa de los ratones sanos.

Una serie de denuncias sobre “ciertas irregularidades” en los trabajos de investigación de Susana González publicados en importantes revistas científicas internacionales alertó a las autoridades de Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, quienes determinaron iniciar una investigación interna que condujo a su despido fulminante a finales de febrero de 2017. Poco después, la Comisión Europea de Investigación determinó retirarle la beca que le había otorgado y Nature Communications, la revista que había aceptado publicar uno de sus trabajos recientes, se retractó.

¿Cuáles son las causas de las conductas éticamente censurables en la investigación científica? El Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, a través de su reciente documento titulado “Declaración sobre integridad científica en investigación e innovación responsable”, las agrupa en torno a tres tipos de factores:

 

  • Factores individuales:

– La personalidad del investigador, la tendencia a la vanidad, el deseo de conseguir una elevada

   reputación científica y el reconocimiento de sus pares.

– La apasionada convicción por una teoría, línea de investigación o hipótesis científica.

  • Factores organizativos:

– La falta de políticas institucionales éticamente sólidas y equitativas.

– La inadecuada comunicación, supervisión y tutoría.

– La falta de formación en competencias en materia de ética e integridad científica, teórica y

   práctica, en la que el ejemplo del supervisor es clave como modelo de comportamiento ético.

– La manera de hacer ciencia, encorsetada en equipos, áreas, instituciones y países, que dificulta

   que los comportamientos éticamente censurables sean descubiertos.

  • Factores estructurales:

– Las reglas con que se evalúa la investigación: los indicadores bibliométricos, sus índices de

   citación y factores de impacto.

– La presión para obtener resultados, para obtener fondos con los que financiar las investigaciones

   o para sufragar la propia actividad investigadora a través de becas y ayudas.

– La lógica empresarial de que la investigación científica tenga que ser altamente rentable.

– La aparición de nuevas áreas de innegable potencial terapéutico que generan mayor interés

   económico, social y en los medios de comunicación. Áreas en las que potencialmente hay más

   financiación disponible, más competitividad y más revistas científicas con interés en publicar.

Las recomendaciones que se exponen en la parte final de la “Declaración sobre integridad científica en investigación e innovación responsable” pueden resumirse de la siguiente manera:

  1. Generar una cultura de integridad en la comunidad científica y en las instituciones de educación

superior que abarque todas las áreas de conocimiento e investigación.

  1. Reconocer que la verdad, el rigor, la objetividad, la independencia, la imparcialidad y la neutralidad, la cooperación y la honestidad, la transparencia y la justicia, el compromiso y la responsabilidad social son principios fundamentales en integridad científica y deberían conformar los pilares de la investigación e innovación responsable en educación superior.
  2. Adoptar la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la Unesco como texto de referencia en investigación e innovación responsable en educación superior.
  3. Exhortar a los países que ya tienen una política nacional de integridad científica a revisarla considerando estas recomendaciones e impulsar su práctica; si todavía no la tienen, deberían elaborarla integrando las especificidades de sus contextos sociales y culturales para mejorar su eficacia.
  4. Alentar a las instituciones de educación superior y centros de investigación para que adopten un código de ética y buenas prácticas propio… El proceso de elaboración de un código de ética y buenas prácticas debe involucrar a todos los miembros de la institución.
  5. Establecer los procedimientos para identificar con precisión y contrarrestar con determinación cualquier mala práctica científica… El principal objetivo en estos casos es formar y no castigar. La función pedagógica debería primar sobre la función punitiva.
  6. Promover una investigación académica en integridad científica e investigación e innovación responsable.
  7. Desarrollar nuevos procesos, fórmulas y metodologías educativas para la formación en integridad científica de la comunidad investigadora.
  8. Proporcionar la financiación necesaria para llevar a la práctica las recomendaciones propuestas, incluyendo la investigación académica en integridad científica, la formación de la comunidad investigadora en sentido amplio y el fortalecimiento de los procedimientos que permitan verificar el cumplimiento de las buenas prácticas y la innovación en estos tres niveles de actuación.
  9. Integrar los elementos que caracterizan a la investigación e innovación responsable en los procedimientos articulados por las instituciones de educación superior.

 

A lo que el propio Documento añade que “Las malas prácticas científicas no son un crimen sin víctimas e impactan negativamente en investigadores, participantes en investigación, instituciones, áreas de investigación, en la financiación disponible y, consecuentemente, en el conjunto de la sociedad”.

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